Derecho penal
Publicado el 22 de septiembre de 2026
Una disputa entre socios casi siempre empieza en el terreno civil: un acuerdo que perjudica a una parte de los socios, o una decisión del administrador que daña el patrimonio social. Con frecuencia se suma una tercera pieza, una operación que nunca pasó por la junta. Lo que muchos pasan por alto, sobre todo cuando la cuantía es alta, es que el mismo hecho puede tener también dimensión penal y que quien lo persigue solo por una vía arriesga perder derechos en la otra que después ya no se recuperan.
La Ley de Sociedades de Capital reparte las acciones contra el administrador según a quién perjudicó su acto.
Como la primera acción protege el patrimonio de la sociedad y la segunda el propio, en la práctica esa distinción decide a menudo qué vía está siquiera disponible, y a veces lo están las dos.
No toda decisión perjudicial del administrador es delito, y la frontera rara vez está donde la pérdida es mayor. El Código Penal recoge varias figuras que aparecen con frecuencia en una disputa entre socios:
Lo que separa estas figuras de una mala decisión empresarial es la conducta más que el resultado, es decir, si hubo extralimitación de facultades y si al final quedó un beneficio a costa de un patrimonio ajeno.
Según la Audiencia Nacional (sentencia 10/2026, de 20 de abril), el administrador que participa en un acuerdo abusivo sin oponerse puede responder como cooperador necesario, y queda fuera quien hace constar en el acta una oposición clara y fundada.
El mismo ordenamiento protege, en sentido inverso, al administrador que cumple bien su función. El art. 226 LSC considera cumplido el estándar de diligencia de un ordenado empresario cuando la decisión se adoptó de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con un procedimiento adecuado, y esa protección no alcanza, expresamente, a las decisiones que afectan personalmente a otros administradores o a personas vinculadas. Para las dos partes de una disputa entre socios eso significa que la defensa del administrador casi nunca está en el resultado de la decisión, sino en los documentos que acreditan cómo se tomó. El socio que sospecha un incumplimiento debe asegurar precisamente esos documentos antes de que los plazos o los protocolos de conservación los hagan inaccesibles.
El procedimiento civil y el penal sobre un mismo hecho no discurren de forma independiente y la ley fija cómo se cruzan. Una vez promovida una causa penal no puede seguirse pleito sobre el mismo hecho, que queda en suspenso hasta que haya sentencia penal firme (art. 114 LECrim). Cuándo se suspende efectivamente el proceso civil lo regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por regla general solo lo admite cuando está pendiente de sentencia y lo que decida el juez penal puede ser determinante, salvo que se investigue la falsedad de un documento aportado y decisivo, en cuyo caso la suspensión llega en cuanto se acredita la causa penal (art. 40 LEC).
En la práctica, una querella no paraliza por sí sola el pleito civil. El juez solo suspende si la decisión penal puede ser determinante para lo que él tiene que resolver, quien lo pide debe acreditar que la causa penal versa sobre los mismos hechos y, si esa causa ya está archivada, no queda nada que suspender (sentencia del Tribunal Supremo 1392/2026, de 9 de septiembre). Con ese criterio, la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó suspender un pleito por una querella del propio demandado que no decidía nada de lo discutido en el civil (sentencia 375/2026, de 14 de mayo).
En los delitos societarios, que incluyen el falseamiento de cuentas y la imposición de acuerdos abusivos, la persecución exige además la denuncia de la persona agraviada, salvo que el hecho afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 296 CP). La administración desleal no está sujeta a esa condición. En los otros dos delitos, que la vía penal llegue a abrirse depende de lo que decida el socio perjudicado. Agraviado, en la imposición de acuerdos abusivos, es quien era socio cuando se impuso el acuerdo, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia llegó a cuestionar la legitimación de una sociedad que había comprado las participaciones después (sentencia 96/2026, de 21 de julio).
En la vía civil, las acciones de responsabilidad contra los administradores, social o individual, tienen además su propio plazo y prescriben a los cuatro años desde el día en que pudieron ejercitarse (art. 241 bis LSC). Por eso, decidir qué vía se activa primero y cómo se combinan es una decisión estratégica y no solo procesal, que afecta a la carga de la prueba, a los plazos y a la posición negociadora frente a la otra parte, y lo que se alega en un procedimiento puede usarse en el otro.
Tras una absolución penal firme, el juez civil tiene que asumir los hechos declarados probados o explicar por qué los ve de otro modo (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 540/2026, de 2 de julio), y en el caso gallego fue una sentencia mercantil firme sobre los mismos acuerdos la que pesó en la absolución de los administradores. Quien llega antes a sentencia suele fijar los hechos para el otro procedimiento, de ahí que el orden en que se activan las dos vías no sea neutro.
Empiezo situando el caso en las dos vías a la vez: qué acción civil encaja, si alguna de las conductas puede tener relevancia penal y en qué orden o combinación conviene plantearlas. Después vienen los documentos: actas de la junta, acuerdos del órgano de administración, cuentas anuales, correspondencia sobre la decisión discutida. Defiendo tanto a socios que reclaman un incumplimiento como a administradores que se defienden de esa reclamación. Es la parte de mi práctica que une el derecho penal económico y el derecho de empresa, y cómo trabajo lo explico en método. Con este asunto se cruza a menudo la responsabilidad penal del administrador, y cuando además la sociedad atraviesa dificultades financieras, crisis de empresa y concurso.
Responsabilidad editorial: Carles Jiménez, abogado (ICAB 34.946). Nota preparada con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y revisada y validada por el autor antes de su publicación.
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