Derecho penal · Subárea
Defensa frente a la delincuencia económica y de empresa, donde la frontera entre la decisión de gestión y el reproche penal no siempre es nítida.
El derecho penal económico es el terreno en el que la actividad empresarial se cruza con el Código Penal: la gestión de una sociedad, una operación financiera o una decisión contable que, vista de cerca, puede dejar de ser un mal negocio y pasar a tener relevancia penal, en una materia técnica y a menudo documental en la que el detalle decide el asunto.
Es el núcleo de mi práctica penal y enlaza de forma natural con el derecho de empresa. Defiendo tanto a la sociedad y a sus administradores frente a una imputación como a quien resulta perjudicado por estas conductas, siempre con trato directo conmigo.
El administrador que excede sus facultades y daña el patrimonio que gestiona (artículo 252 del Código Penal), o quien se apropia de lo recibido con obligación de entregarlo o devolverlo (artículo 253), dos figuras frecuentes en los conflictos societarios.
Falseamiento de las cuentas anuales, imposición o aprovechamiento de acuerdos lesivos, obstrucción a los derechos de los socios (artículos 290 y siguientes del Código Penal). Cómo se cruzan con la vía civil cuando nacen de un conflicto entre socios lo explico en la guía sobre disputa entre socios y responsabilidad del administrador.
Defraudación tributaria, que pasa a ser delito cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros (artículo 305 del Código Penal), y defraudación a la Seguridad Social, ámbito en el que regularizar a tiempo puede cambiar por completo el resultado.
Alzamiento de bienes y demás conductas de frustración de la ejecución (artículo 257 y siguientes) y concurso punible, en el cruce entre el penal y el concursal.
Adquisición, conversión o transmisión de bienes de origen delictivo (artículo 301 del Código Penal), una figura cada vez más presente en las investigaciones económicas.
La persona jurídica puede responder penalmente, en los delitos en que el Código lo prevé expresamente, por los cometidos en su nombre y en su beneficio directo o indirecto (artículo 31 bis del Código Penal). Un programa de cumplimiento (compliance) eficaz puede atenuar o excluir esa responsabilidad, de ahí que convenga tenerlo antes del problema.
Como en esta materia la prueba suele ser documental y abundante, y ahí se gana o se pierde el asunto, reconstruyo la operación con precisión, ordeno la documentación que decide el caso (actas, contabilidad, correspondencia, informes periciales) y compruebo qué redacción del precepto regía en la fecha de los hechos, no la de hoy.
Contrasto cada cita, normativa o de jurisprudencia, con su fuente oficial antes de sostener nada. En lugar de prometer resultados, ofrezco una defensa preparada y verificable, le digo desde el principio qué es razonable esperar y, cuando el asunto lo pide, me apoyo en peritos económicos y coordino con el área de empresa.
Conozca mi métodoCada guía desarrolla con más detalle una situación concreta, con la norma y los plazos que la rigen.
Cuénteme su situación y le diré, con franqueza, cómo puedo ayudarle.
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