Derecho penal
Publicado el 21 de septiembre de 2026
Para un profesional del ámbito educativo, deportivo o de ocio, lo que habría decidido un asunto de prácticas de conversión con el delito que aprobó el Congreso no era la pena de prisión sino la inhabilitación, que se cumple aunque la cárcel no se pise, y la responsabilidad de la propia entidad. Ese delito no llegó a existir al caducar la proposición con la disolución de las Cortes, y lo que exigía el tipo, sus penas y el final de su tramitación lo detallo en la nota sobre el artículo 173 bis que no llegó a aprobarse. Aquí repaso lo que habría pesado cuando un asunto llegara al despacho y lo que rige mientras tanto, dado que una nueva legislatura puede retomar el texto.
Si el texto hubiera entrado en vigor, una condena habría traído consecuencias que ordeno por su peso real para el profesional y para su entidad.
Para muchos condenados la cárcel no habría sido la consecuencia real, porque una pena de seis meses a dos años, en un primer delito y sin antecedentes, es susceptible de suspensión (artículo 80 del Código Penal).
En cambio, el artículo 173 bis.5 del texto imponía, en todos los casos, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior de entre tres y cinco años al de la pena de privación de libertad impuesta. Si la víctima era menor, podía añadirse hasta cinco años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores. La clave técnica está en que la suspensión del artículo 80 solo alcanza a las penas privativas de libertad, mientras que la inhabilitación es pena privativa de derechos (artículo 39). No se suspende, y aparta al profesional de su actividad aunque la cárcel no se pise.
El texto hacía además penalmente responsable a la persona jurídica conforme al artículo 31 bis, con multa de seis meses a dos años y, en su caso, las penas de las letras b) a g) del artículo 33.7 (disolución, suspensión de actividades, clausura, intervención judicial, entre otras), aplicadas según las reglas del artículo 66 bis. Para un club, una federación, un centro educativo o una asociación, eso habría convertido el programa de cumplimiento en su primera línea de defensa, dado que un modelo de organización y gestión idóneo y eficaz (artículo 31 bis, apartados 2 a 5) puede operar como eximente o, al menos, como atenuante, siempre que en juicio se demuestre que funciona y no es un papel para el cajón.
Como el texto caducó, nada de lo anterior se aplica a ningún hecho, haya ocurrido antes o después. Las conductas de este tipo siguen siendo infracción administrativa muy grave de la Ley 4/2023 (artículo 79.4.d), sancionada con multa y, según el caso, con medidas accesorias que pueden llegar al cese en la actividad (artículo 80.3). Cuando causan un daño, pueden perseguirse por las vías penales que ya existen, sean las lesiones, las coacciones o el atentado a la integridad moral del artículo 173.1. Si una nueva legislatura aprobara un delito específico, no alcanzaría a los hechos anteriores a su entrada en vigor, por cuanto la ley penal desfavorable no es retroactiva (artículo 2.1 del Código Penal; artículo 9.3 de la Constitución).
El artículo 173 bis no nacía en el vacío, y su relación con figuras que ya existen habría sido uno de los primeros campos de batalla.
Frente al artículo 173.1 (atentado genérico a la integridad moral, castigado con la misma pena de prisión de seis meses a dos años), el precepto proyectado era ley especial. Cuando los hechos encajaran en ambos, lo habría desplazado conforme a la regla 1.ª del artículo 8 del Código Penal ("el precepto especial se aplicará con preferencia al general").
En cuanto a las lesiones, si la práctica producía una verdadera lesión psíquica que requiriera tratamiento médico o quirúrgico además de una primera asistencia facultativa, podía surgir un concurso con los delitos de lesiones (artículos 147 y siguientes). Una cosa es el menoscabo moral y otra la lesión clínica acreditada, y de esa distinción dependen la calificación y la pena.
Como la integridad moral no es un bien plenamente disponible, el consentimiento de la víctima no habría borrado el delito, algo que el texto dejaba claro cuando había un menor o una persona con discapacidad de por medio.
A esto se sumaba un problema de técnica legislativa que un tribunal habría tenido que medir. La fórmula "actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos... de cualquier otra naturaleza" era deliberadamente amplia y tensaba el principio de taxatividad, la lex certa que exige el artículo 25.1 de la Constitución. No era un defecto capaz de tumbar la norma, pero sí un argumento que la defensa habría puesto sobre la mesa.
El primer apunte práctico que dejaba el texto, quién habría juzgado, se resolvía por la pena máxima de dos años de prisión, con la que el asunto se habría enjuiciado por el cauce del procedimiento abreviado ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que desde el 31 de diciembre de 2025 ocupa el lugar de los antiguos «Juzgados de lo Penal», transformados ese día en secciones del Tribunal de Instancia por la Ley Orgánica 1/2025. La inhabilitación acompañante, aunque pudiera alcanzar siete años, no habría desplazado esa competencia, puesto que el precepto la mantiene mientras las penas de distinta naturaleza no excedan de diez años.
El segundo es el plazo de prescripción, donde el cálculo fácil lleva a decir «cinco años» porque la prisión no pasa de dos. El artículo 173 bis del texto imponía en todo caso una inhabilitación de entre tres y cinco años superior a la prisión, que en abstracto podía llegar a siete años, y el artículo 131 del Código Penal fija en diez años la prescripción cuando la pena máxima señalada por la ley es inhabilitación superior a cinco años y ordena además que, en penas compuestas, se esté a la que exija más tiempo. Mi lectura era que el plazo habría sido de diez años, no de cinco. Se discute cómo computar en abstracto una inhabilitación que la ley define por referencia a la pena impuesta en la sentencia, y por eso planteaba mi lectura como criterio propio, sujeto tanto al texto que llegara a aprobarse como a la jurisprudencia que se asentara, reserva que mantengo para cualquier iniciativa nueva que repita esa técnica.
Para un centro, un club o una entidad, el trabajo útil se hace antes y sobre la norma que rige hoy, la Ley 4/2023, revisando el modelo de organización y gestión con estas prácticas a la vista y dejando por escrito los protocolos del personal que trata con menores, que servirán igual si una nueva legislatura llega a aprobar el delito. Cuando un asunto ya ha llegado, lo primero que miro, y de lo que depende todo lo demás, es si el hecho cabe en un tipo penal vigente o solo en la infracción administrativa.
Si le afecta como profesional o como entidad, puede ver cómo trabajo estos asuntos en el área penal. La retroactividad favorable, que habría sido decisiva con la rebaja que traía el mismo texto, la explico en la reforma penal de 2026 y la retroactividad favorable.
Responsabilidad editorial: Carles Jiménez, abogado (ICAB 34.946). Nota preparada con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y revisada y validada por el autor antes de su publicación.
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