El nuevo delito de prácticas de conversión: lo que el titular no cuenta

Publicado el 27 de junio de 2026

El 26 de junio de 2026, el Congreso de los Diputados aprobó introducir en el Código Penal el delito de prácticas de conversión. El titular es claro; el valor, sin embargo, está en lo que el titular no cuenta. Leído el texto oficial aprobado (la proposición de ley orgánica 122/000201, en su informe de ponencia), el artículo único toca solo dos preceptos: introduce el nuevo artículo 173 bis y modifica el apartado 5 del artículo 510. No hay un tercero. Pero esos dos esconden piezas que cambian el cálculo para profesionales y entidades, y una rebaja que casi nadie ha contado. Y, además, todavía no está en vigor: pasa ahora al Senado.

De infracción administrativa a delito

No se parte de cero. Estas prácticas ya estaban prohibidas: la Ley 4/2023, de 28 de febrero, las recoge como infracción administrativa muy grave (artículo 79.4). La reforma las eleva a delito y las sitúa en el Título VII del Libro II del Código Penal, entre los delitos contra la integridad moral. Cambian el órgano que sanciona, la pena y las garantías del proceso; y entra en juego el ne bis in idem: cuando exista delito, la respuesta penal desplaza a la administrativa. La propia exposición de motivos admite que la vía penal debe ser la última ratio.

No basta la práctica: finalidad, daño y dolo

El nuevo artículo 173 bis no castiga cualquier intervención. Exige tres cosas que, como penalista, son lo primero que miro, porque entre ellas pasa la línea que separa la conducta atípica del delito:

• Una finalidad. Los actos han de estar destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. Es un elemento subjetivo del injusto: sin esa intención dirigida, no hay tipo. La propia ley lo subraya al dejar fuera, en su exposición de motivos, los métodos que "proporcionen apoyo y comprensión" y se apliquen "de conformidad con los estándares profesionales". El acompañamiento afirmativo no es delito; el que busca revertir, sí. Esa frontera será terreno de prueba pericial, no de etiquetas.
• Un resultado. Tiene que haber afectación de la integridad corporal o de la salud física o mental, o un menoscabo grave de la integridad moral. Es un delito de resultado: sin ese daño, la conducta queda, a lo sumo, en la infracción administrativa. Y ahí asoma el primer flanco de defensa: "grave" es un elemento normativo indeterminado, que la jurisprudencia sobre el artículo 173.1 ha tenido que ir perfilando caso a caso. [verificar]
• Dolo. El autor ha de querer ese daño, o al menos representárselo y aceptarlo. La modalidad imprudente no está tipificada.

A esto se suma un problema de técnica legislativa que un tribunal tendrá que medir: la fórmula "actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos... de cualquier otra naturaleza" es deliberadamente amplia y tensa el principio de taxatividad (la lex certa que exige el artículo 25.1 de la Constitución). No es un defecto que tumbe la norma, pero sí un argumento que la defensa pondrá sobre la mesa.

La pena base es de prisión de seis meses a dos años, en su mitad superior si concurre alguna agravante (víctima menor, violencia, intimidación o abuso de vulnerabilidad, organización dedicada a ello, o ánimo de lucro).

Dónde está el verdadero filo: inhabilitación y persona jurídica

Esto es lo que de verdad pesa, y casi no se cuenta:

• La prisión, probablemente, se suspenderá. Una pena de seis meses a dos años, en un primer delito y sin antecedentes, es susceptible de suspensión (artículo 80 del Código Penal). Para muchos condenados, la cárcel no será la consecuencia real.
• La inhabilitación, en cambio, se cumple. El nuevo artículo 173 bis.5 impone, en todos los casos, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de entre tres y cinco años superior al de la prisión. Y, cuando la víctima es menor, puede añadirse hasta cinco años de inhabilitación para cualquier actividad con contacto regular con menores. La clave técnica: la suspensión del artículo 80 solo alcanza a las penas privativas de libertad; la inhabilitación es pena privativa de derechos (artículo 39), de modo que no se suspende y se cumple aunque la cárcel no se pise. Es la consecuencia que de verdad muerde a un profesional. [verificar]
• La entidad también responde. Conforme al artículo 31 bis, la persona jurídica puede ser penalmente responsable: multa de seis meses a dos años y, en su caso, las penas de las letras b) a g) del artículo 33.7 (disolución, suspensión de actividades, clausura, intervención judicial, entre otras), aplicadas según las reglas del artículo 66 bis. Para un club, una federación, un centro educativo o una asociación, eso convierte el programa de cumplimiento en su primera línea de defensa: un modelo de organización y gestión idóneo y eficaz (artículo 31 bis, apartados 2 a 5) puede operar como eximente o, al menos, como atenuante. No es un papel para el cajón; es lo que se examinará en juicio.

Traducido: el foco no está tanto en la prisión como en la inhabilitación profesional y en la responsabilidad de la entidad. Afecta de lleno a quien dirige o trabaja en el ámbito educativo, deportivo o de ocio.

La rebaja que nadie ha contado: el artículo 510

Aquí está lo que no aparece en ningún titular. La misma ley, en su apartado Dos, modifica el artículo 510.5 del Código Penal, que castiga los delitos de odio en general (incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas, antisemitas, de orientación o identidad sexual, género, enfermedad o discapacidad, entre otros). Y no lo endurece: lo rebaja.

• Redacción vigente (artículo 510.5, desde 2022): la inhabilitación especial docente, deportiva y de tiempo libre se impone por un tiempo de entre tres y diez años superior al de la prisión.
• Redacción aprobada: ese tramo pasa a entre tres y cinco años.

La propia exposición de motivos lo reconoce: dice que se "rebaja la pena de inhabilitación especial dedicada a los delitos de odio" para igualarla a la del nuevo delito. Es decir, una ley que se presenta como un endurecimiento (un delito nuevo) lleva dentro, en el mismo texto, una suavización del castigo de todos los delitos de odio.

Y la rebaja de una pena no es neutra en el tiempo: es lex mitior. Cuando una reforma resulta más favorable, se aplica con efecto retroactivo (artículo 2.2 del Código Penal). Una vez en vigor, quien ya esté condenado o investigado por un delito de odio del artículo 510 podrá invocar el tramo de inhabilitación más corto. Esa es, probablemente, la consecuencia práctica más inmediata de toda la reforma, y es justo la que el titular omite. [verificar]

Mientras tanto, y hacia atrás

Otra cosa que el titular no aclara: la reforma no se aplicará a los hechos anteriores a su entrada en vigor. La ley penal desfavorable no es retroactiva (artículo 2.1 del Código Penal; artículo 9.3 de la Constitución). Hasta que se publique en el BOE, estas conductas siguen siendo infracción administrativa (Ley 4/2023) y, si causan un daño, pueden perseguirse ya por las vías penales existentes (lesiones, coacciones o el atentado a la integridad moral del artículo 173.1). El nuevo delito ordena y agrava, pero no abre la puerta a perseguir hacia atrás.

El encaje con otros delitos, y por dónde se litiga

El artículo 173 bis no nace en el vacío, y su relación con figuras que ya existen será uno de los primeros campos de batalla:

• Frente al artículo 173.1 (atentado genérico a la integridad moral): el nuevo precepto es ley especial, de modo que, cuando los hechos encajen en ambos, lo desplaza (artículo 8 del Código Penal). [verificar]
• Frente a las lesiones. Si la práctica produce una verdadera lesión psíquica que requiere tratamiento, puede surgir un concurso con los delitos de lesiones (artículos 147 y siguientes): una cosa es el menoscabo moral y otra la lesión clínica acreditada. La calificación, y la pena, dependen de esa distinción. [verificar]
• El consentimiento de la víctima no borra el delito: la integridad moral no es un bien plenamente disponible, y la ley lo deja claro cuando hay un menor o una persona con discapacidad de por medio.

Y un apunte que conviene tener desde el primer día: con una pena máxima de dos años de prisión, el asunto se enjuicia ante el Juzgado de lo Penal por el cauce del procedimiento abreviado, y el delito prescribe a los cinco años (artículos 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 131 del Código Penal). [verificar]

Qué queda por ver

• El texto definitivo. Aprobado por el Congreso no es vigente: pasa al Senado y solo entrará en vigor tras publicarse en el BOE, al día siguiente, según su disposición final. El redactado todavía puede cambiar. [verificar redacción final]
• La prueba del menoscabo grave y su imputación a la práctica (y no a una vulnerabilidad previa): el terreno donde, en la práctica, se ganará o se perderá cada caso.

Responsabilidad editorial: Carles Jiménez, abogado (ICAB 34.946). Nota preparada con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y revisada y validada por el autor antes de su publicación.

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