Derecho penal
Publicado el 16 de septiembre de 2026
Quien busque hoy en el Código Penal un delito de prácticas de conversión no lo encontrará. El texto que aprobó el Congreso el 25 de junio de 2026 se quedó en el Senado sin votarse y caducó al disolverse las Cortes. Estas prácticas siguen siendo lo que ya eran, una infracción administrativa muy grave que solo llega a la vía penal, por los tipos de siempre, cuando causa un daño. Repaso qué preveía el proyecto, que una nueva legislatura puede retomar. Lo que habría supuesto para profesionales y entidades lo trato en la guía sobre la inhabilitación y la entidad.
El texto era la proposición de ley orgánica 122/000201, aprobada por el Pleno del Congreso y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 30 de junio de 2026, que ordenaba la reforma en dos artículos. El primero tocaba el Código Penal en dos puntos, al introducir un artículo 173 bis y modificar el apartado 5 del artículo 510, mientras que el segundo retocaba la Ley 4/2023 para extender la prohibición de recibir subvenciones y fondos públicos a quien hubiera sido condenado por sentencia firme por promover o realizar terapias de conversión.
Situación a 9 de octubre de 2026. El proyecto no llegó a aprobarse. Tras su paso por el Congreso se remitió al Senado (expediente 624/000012), donde seguía en fase de enmiendas cuando el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, disolvió las Cortes con efectos del día 6, disolución que hace caducar los asuntos pendientes remitidos por el Congreso (disposición adicional primera del Reglamento del Senado). La iniciativa figura hoy como caducada y no llegó a publicarse en el BOE. El Código Penal no tiene artículo 173 bis y el artículo 510.5 conserva su redacción.
Estas prácticas están prohibidas desde 2023 por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que las veda en su artículo 17 aunque medie el consentimiento de la persona y las tipifica como infracción administrativa muy grave en su artículo 79.4.d). La sanción es multa de 10.001 a 150.000 euros y, según el caso, medidas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas o el cese en la actividad durante un máximo de tres años (artículo 80.3). El proyecto proponía elevarlas a delito y situarlas en el Título VII del Libro II del Código Penal, entre los delitos contra la integridad moral, con lo que habrían cambiado el órgano que sanciona, la pena y las garantías del proceso, además de entrar en juego el ne bis in idem, que habría hecho que, cuando existiera delito, la respuesta penal desplazara a la administrativa. El propio preámbulo admitía que recurrir a la vía penal debe ser la última ratio.
El artículo 173 bis del texto no castigaba cualquier intervención, y la línea que separa la conducta atípica del delito pasaba por los elementos que exigía, que es lo primero que miraría como penalista.
En primer lugar, los actos habían de estar destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. Era un elemento subjetivo del injusto y sin esa intención dirigida no habría tipo. El preámbulo lo subrayaba al dejar fuera los métodos que "proporcionen apoyo y comprensión" y se apliquen "de conformidad con los estándares profesionales internacionales", con lo que el acompañamiento afirmativo quedaba fuera del delito y el que busca revertir dentro, en una frontera que habría decidido la prueba pericial.
En segundo lugar, tenía que haber afectación de la integridad corporal o de la salud física o mental, o un menoscabo grave de la integridad moral. Era un delito de resultado, y sin ese daño la conducta habría quedado, a lo sumo, en la infracción administrativa. Ahí asomaba el primer flanco de defensa, dado que "grave" es un elemento normativo indeterminado, el mismo que el artículo 173.1 emplea para el trato degradante y que la jurisprudencia ha tenido que ir perfilando caso a caso.
Por último, el dolo: el autor había de querer ese daño, o al menos representárselo y aceptarlo, y el texto no tipificaba la modalidad imprudente.
La pena base era de prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a veinticuatro meses, en su mitad superior si concurría alguna agravante (víctima menor de edad; violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad; pertenencia a una organización o asociación dedicada a ello; o fines lucrativos). El texto castigaba además, con las mismas penas, a los ascendientes, tutores, curadores o guardadores que, conociendo su finalidad, consintieran, promovieran, favorecieran o facilitaran estas prácticas sobre un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, con posible inhabilitación de hasta cinco años para la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.
La misma proposición, en el apartado Dos de su artículo primero, modificaba el artículo 510.5 del Código Penal, que castiga los delitos de odio en general (incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas, antisemitas, de orientación o identidad sexual, género, enfermedad o discapacidad, entre otros). La modificación, lejos de endurecer ese precepto, lo rebajaba.
Un texto que se presentaba como un endurecimiento, al crear un delito nuevo, llevaba dentro una suavización del castigo de todos los delitos de odio, y el preámbulo lo reconocía sin rodeos al explicar que se proponía "rebajar la pena de inhabilitación especial en el tipo dedicado a los delitos de odio para que tenga la misma duración que el previsto en el nuevo artículo que se introduce para combatir las terapias de conversión".
Como el artículo 2.2 del Código Penal da efecto retroactivo a las leyes penales que favorezcan al reo "aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena", esa rebaja habría tenido efecto hacia atrás y quien estuviera condenado o investigado por un delito de odio del artículo 510 habría podido invocar el tramo de inhabilitación más corto. Al caducar el texto sin entrar en vigor, no hay ley más favorable que aplicar y el tramo de tres a diez años sigue rigiendo, también para las condenas ya firmes.
Ante una reforma anunciada, lo primero que hago es separar lo que ya obliga de lo que solo está propuesto. Aquí esa separación la ha zanjado la caducidad, y la vía viva es la administrativa de la Ley 4/2023 junto con los tipos penales que ya existen. Si se presenta una iniciativa nueva, leeré su texto en el boletín oficial antes de dar por buena ninguna cifra de esta nota. Cómo opera la retroactividad favorable cuando una reforma penal sí entra en vigor lo explico en la reforma penal de 2026 y la retroactividad favorable.
Responsabilidad editorial: Carles Jiménez, abogado (ICAB 34.946). Nota preparada con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y revisada y validada por el autor antes de su publicación.
Cuénteme su situación y le diré, con franqueza, cómo puedo ayudarle.
Contactar