Derecho de empresa
Publicado el 2 de octubre de 2026
Toda empresa que contrata a alguien, sea cual sea la duración del contrato, tiene que entregarle por escrito información sobre los elementos esenciales del contrato y sobre las principales condiciones de ejecución de la prestación, por imperativo legal.
Lo exige el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores, desarrollado por el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, en vigor desde el 5 de octubre de 2026. El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, modificó los dos con efecto desde el 19 de noviembre.
Estado a 19/11/2026. El Real Decreto 723/2026 está en vigor desde el 5 de octubre de 2026 y sustituye al Real Decreto 1659/1998, que daba dos meses desde el comienzo de la relación para entregar la información. Desde el 19 de noviembre rige además el Real Decreto-ley 39/2026, que suprime el umbral de las cuatro semanas y convierte en grave la infracción por no informar. Esta guía recoge el régimen que se aplica hoy.
La obligación alcanza a todas las empresas, sin umbral de tamaño ni de sector. Desde el 19 de noviembre de 2026 alcanza también a todas las relaciones laborales, sea cual sea su duración. Hasta ese día solo se debía en las de más de cuatro semanas, y el Real Decreto-ley 39/2026 suprimió el umbral en el artículo 8.5 del Estatuto y en el artículo 2.2 del real decreto.
Los contratos de menos de cuatro semanas que ya estaban vigentes ese día tienen un régimen transitorio. La empresa entrega la información si la persona trabajadora la pide, en diez días hábiles desde la solicitud, salvo que ya la tenga (disposición transitoria segunda del real decreto-ley).
Los pescadores y la gente de mar que presten servicios en buques abanderados o registrados en España tienen, además, reglas propias de contenido mínimo del contrato (capítulos III y IV del real decreto).
Las relaciones laborales especiales siguen sus propias normas, pero quedan sujetas a este régimen cuando estas remiten al Estatuto o prevén su aplicación supletoria. Al personal empleado público se le aplica con las peculiaridades de su legislación específica.
La información general debe facilitarse con carácter previo al inicio de la relación laboral, sin margen posterior. Como los dos meses desde el comienzo que concedía el reglamento anterior, de 1998, desaparecen con el nuevo real decreto, esta es la parte que más cambia y la que más incumplimientos va a generar.
Si la persona va a prestar servicios en el extranjero, la información adicional (país, duración, moneda de pago, compensaciones, repatriación y, para desplazamientos en la Unión Europea, la retribución del Estado de acogida y el enlace a su portal oficial) debe entregarse antes de la partida. No se exige si cada período de trabajo fuera de España no supera las cuatro semanas consecutivas.
Cualquier modificación posterior de lo informado se comunica lo antes posible y, como tarde, el día en que el cambio surta efecto.
Agrupo por materias los diecisiete apartados que forman el contenido mínimo.
Quién, dónde y qué. Identidad de las partes; fecha de comienzo y, si el contrato es temporal, fecha de finalización o duración previsible; domicilio social y centro de trabajo, incluido el centro de adscripción cuando se trabaja a distancia; contenido de la prestación; y categoría o grupo profesional con una descripción que permita conocer con precisión el contenido del trabajo.
Si el contrato es temporal, además: la identificación precisa de la causa habilitante, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. Es el mismo estándar que el artículo 15.1 del Estatuto exige en el contrato, y los dos documentos tienen que decir lo mismo.
Dinero. Cuantía del salario base y de cada complemento por separado, con periodicidad y método de pago, y el modo de cálculo de los conceptos variables con los criterios que determinan su percepción.
Tiempo. Duración y distribución de la jornada diaria, semanal y anual, identificando el trabajo nocturno o a turnos; supuestos y procedimientos para modificarla; acuerdos sobre horas extraordinarias y su retribución; vacaciones y procedimiento para fijar su disfrute. Si hay distribución irregular de la jornada, además: el sistema de fijación con las horas y días de referencia, los preavisos mínimos de inicio y de cancelación de la tarea, y, en los fijos discontinuos, los períodos de actividad e inactividad o su estimación.
Período de prueba, cuando se concierte: su duración concreta y las obligaciones de ambas partes de realizar las experiencias que constituyen su objeto.
Formación: el derecho a la formación proporcionada por la empresa.
Empresas de trabajo temporal: identidad de la empresa usuaria y causa de cada contrato de puesta a disposición.
Sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones: su existencia y, cuando se empleen para determinar o modificar condiciones de trabajo (jornada, asignación de tareas, salarios, progresión profesional, lugar de trabajo o extinción del contrato), también sus pautas, criterios y reglas de funcionamiento. La obligación es individual y existe aunque no haya representación legal de los trabajadores, a diferencia del deber de informar al comité del artículo 64.4.d) del Estatuto. Por otra parte, el precepto no habla de inteligencia artificial sino de sistemas «algorítmicos o automatizados», con lo que alcanza a herramientas que nadie llamaría IA.
Igualdad y convivencia: existencia e identificación del plan de igualdad, política de conciliación cuando mejore el mínimo legal, protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, y el conjunto planificado de medidas para la igualdad real de las personas LGTBI, si se dispone de él.
Salida: procedimiento de extinción, requisitos formales y plazos de preaviso de una y otra parte, o las modalidades para determinarlos.
Convenio: identificación de cada convenio aplicable, con su código y fecha de publicación oficial, su período de vigencia y, en su caso, su situación de ultraactividad.
Seguridad Social: entidad gestora o colaboradora por la que la empresa opta para cada contingencia, colaboración directa si la hay, mejoras voluntarias, y planes y fondos de pensiones promovidos a favor del personal.
Y los supuestos en que pueden modificarse el contenido de la prestación, la clasificación profesional, el salario y el tiempo de trabajo, con los procedimientos aplicables.
Para ahorrar trabajo, parte de la información puede darse por referencia precisa a la ley, el reglamento o el convenio que la regula: el salario base, la jornada y su modificación, las horas extraordinarias, las vacaciones, el período de prueba, la formación, el procedimiento de extinción y el bloque de Seguridad Social. Y cuando lo que cambia es la propia norma o el convenio remitido, la empresa no tiene que volver a informar.
No admiten remisión, entre otros, el contenido de la prestación, la clasificación profesional, la causa de la temporalidad, los sistemas algorítmicos, el bloque de igualdad, la identificación del convenio ni los supuestos de modificación. Un documento bien diseñado concentra el esfuerzo ahí y remite en lo demás.
En papel o en formato electrónico, siempre que sea accesible para la persona, se pueda almacenar e imprimir y la empresa conserve la prueba de la transmisión o recepción. Ese último inciso es el que decide los pleitos, y un correo sin acuse o un documento colgado en un portal sin registro de lectura no acreditan la entrega.
Si la información ya figura en el contrato escrito que obra en poder de la persona, la obligación se entiende cumplida. Si el contrato la recoge solo en parte, la empresa tiene que facilitar el resto por escrito.
Cuando la persona trabajadora tiene discapacidad o capacidad intelectual límite, la empresa debe asegurar que toda la información sea accesible y comprensible.
Entregar esta información no sustituye a la forma escrita del contrato cuando es exigible, ni a la copia básica a la representación legal, ni a los procedimientos de modificación sustancial del artículo 41 del Estatuto.
Desde el 19 de noviembre, el artículo 8.5 del Estatuto ordena informar también a la representación legal de las personas trabajadoras. Según el preámbulo del real decreto-ley, así la representación no pierde la información esencial que no figura en la copia básica del contrato.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado ya el modelo de documento informativo que le encargaba la disposición adicional primera del real decreto. Es un PDF rellenable que está en su página de modalidades de contratos, en castellano y en las demás lenguas cooficiales. Usarlo es voluntario y no presume cumplida la obligación, como aclara la propia disposición al decir que su publicación no condiciona la exigibilidad de nada, pero ordena el contenido y marca con asterisco los mismos apartados que el artículo 3.3 deja resolver por remisión.
La empresa tiene que completarlo donde pregunta menos que la norma, que es en la formación, donde el derecho existe aunque la formación no sea obligatoria, en los sistemas algorítmicos (pautas, criterios y reglas de funcionamiento), en el convenio (código, fecha de publicación y vigencia) y en la Seguridad Social (entidad, mejoras voluntarias y planes de pensiones). El modelo solo recoge la firma del representante de la empresa y le falta un recibí, que añado aparte, y la nota sobre el modelo del SEPE lo explica apartado por apartado.
Desde el 19 de noviembre de 2026, no informar a la persona trabajadora en los términos que fijan la ley, el reglamento o el convenio es infracción grave del artículo 7.11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con multa de 751 a 7.500 euros (artículo 40.1.b). Hasta ese día era leve, del artículo 6.4, con multa de 70 a 750 euros. Lo incumplido antes de esa fecha se sanciona con la norma de entonces (artículo 26 de la Ley 40/2015). El número de personas afectadas gradúa la multa dentro de ese tramo, pero no la multiplica.
A eso se suma el coste indirecto, el de una empresa que sin constancia de entrega no puede acreditar lo pactado en un litigio sobre condiciones. Y si la causa de la temporalidad está mal documentada, ahora en dos sitios que deben coincidir, se abre la vía a la declaración de fijeza. Esa infracción, la del artículo 7.2, se computa por cada persona afectada.
Para las explotaciones agrarias beneficiarias de ayudas de la Política Agrícola Común la consecuencia económica es mayor y poco conocida. El anexo III del Real Decreto 1049/2022 incorpora la Directiva (UE) 2019/1152 a las normas de condicionalidad social, y el incumplimiento puede traducirse en una reducción de la ayuda.
El empleo de hogar, la relación laboral especial de los deportistas profesionales, el personal investigador predoctoral y los trabajadores desplazados en el marco de una prestación de servicios transnacional tienen normas propias que remiten a este régimen, redactadas cuando regía el reglamento de 1998. La derogación de aquel reglamento no fue acompañada de una cláusula que reconduzca esas remisiones, y cada una se resuelve por interpretación, caso a caso. Si su situación es alguna de estas, no aplicaría la regla general sin comprobarlo antes.
Diseño la plantilla una vez, como pieza de un circuito y no como documento suelto, remitiendo a ley y convenio donde la norma lo permite, para que una subida salarial o un cambio de convenio no obliguen a reemitir nada. Después decido con la empresa quién entrega, en qué momento del proceso y con qué constancia. Y queda lo que ya existe, que suele ser lo incómodo, es decir, la causa de los temporales vivos y los sistemas automatizados que llevan tiempo tomando decisiones sin que nadie lo haya puesto por escrito.
Puede ver cómo abordo estas cuestiones en el área de empresa. Qué cambia exactamente el 5 de octubre de 2026, y qué no cambia pese a lo que se ha anunciado, lo expliqué en la nota sobre el Real Decreto 723/2026.
Responsabilidad editorial: Carles Jiménez, abogado (ICAB 34.946). Nota preparada con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y revisada y validada por el autor antes de su publicación.
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